En la Comunidad Autónoma Balear, el gobierno no modifica la Ley de Turismo autonómico que se aprobó con antelación, es decir, sigue prohibiendo los apartamentos vacacionales por particulares, e incluso puede que en un futuro extienda esta prohibición al arrendamiento temporal de casas y viviendas unifamiliares en ciertas zonas de Baleares. No se permite la prestación de servicios turísticos y la comercialización de estos alquileres a través de canales o portales.
El gobierno dice que tiene un modelo que “está funcionando” y ha decidido seguir con esa línea, que “respeta la particularidad de cada isla y que es tan flexible que ha permitido la legalización de unas 4.500 viviendas en el primer año de la nueva Ley de Turismo, mientras que fueron 5.500 en los 20 años anteriores”.
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